El Gobierno de Javier Milei llevó a cabo este jueves un nuevo veto total a una ley aprobada por el Congreso, esta vez al Proyecto de Ley Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La medida fue oficializada mediante el Decreto 652/2025 y representa un golpe para los gobernadores, que esperaban contar con un mecanismo más previsible para recibir fondos.

Se trata del tercer veto importante en los últimos meses, luego de los rechazos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia Pediátrica en el Garrahan, lo que profundiza las tensiones entre el Ejecutivo y las provincias en un momento de alta presión económica y política.

El proyecto aprobado por el Congreso el 20 de agosto de 2025 buscaba automatizar la distribución de los ATN, de manera diaria y en las mismas condiciones que la coparticipación federal, incorporando también los porcentajes destinados a Tierra del Fuego y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La intención era reducir la discrecionalidad del Ejecutivo y garantizar mayor previsibilidad en la asignación de recursos.

Sin embargo, el Gobierno justificó el veto argumentando que los ATN fueron creados para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” y que su asignación debía quedar bajo la supervisión del Ejecutivo, preservando así su capacidad de decisión sobre los fondos.

El rechazo a la ley se produce en un contexto de reorganización del oficialismo tras la derrota en Buenos Aires, que incluyó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y la creación de una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos. A pesar de estas medidas, la postura rígida del Presidente ante cualquier iniciativa que considere un riesgo para el equilibrio fiscal mantiene abiertos los roces con los gobernadores, que reclaman mayor autonomía y seguridad en la recepción de fondos nacionales.