Un hombre mayor de Mendoza inició una demanda contra el Estado nacional y el laboratorio AstraZeneca por $152.058.050, al sostener que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) tras recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, enfrenta como obstáculo la Ley 27.573, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, que protege a los laboratorios de acciones legales y establece que los contratos con farmacéuticas sean confidenciales.

Esa norma obliga a los afectados a recurrir al Fondo de Reparación Covid-19, que solo reconoce montos fijos y casos graves “científicamente comprobados”. El jubilado, que logró costear los peritajes y representación legal, reclama daño moral, físico y emergente, incapacidad, pérdida de chance y un daño punitivo contra la empresa.

La demanda también cuestiona la constitucionalidad de la Ley 27.573, lo que podría abrir un debate sobre el derecho a reparación de los posibles damnificados por las vacunas.