La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió una nueva advertencia por demoras en la tramitación de una causa por abuso sexual infantil y recomendó evaluar sanciones contra los jueces involucrados, luego de detectar que el expediente permaneció inactivo durante casi siete años debido a una disputa de competencia entre tribunales.

Se trata de un caso iniciado en julio de 2014, cuando una mujer denunció en Tucumán a su ex pareja por el presunto abuso sexual de su hija, ocurrido en enero de 2012 en la localidad bonaerense de Florida. La denuncia fue radicada inicialmente en el Juzgado de Instrucción de la III Nominación de San Miguel de Tucumán, a cargo del juez Juan Francisco Pisa, quien se declaró incompetente en octubre de ese mismo año.

Recién en marzo de 2016 la causa llegó a la justicia de Buenos Aires, donde el juez Ricardo Costa, del Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro, también rechazó intervenir al considerar que no se había determinado el lugar exacto del hecho. Aunque se realizaron algunas declaraciones testimoniales, el magistrado reiteró su decisión en diciembre de 2017 y elevó el incidente a la Corte.

Desde entonces, el expediente quedó prácticamente paralizado. No fue hasta septiembre de 2024 que se detectó que el conflicto de competencia nunca había sido formalizado, lo que llevó al juez Raúl Cardozo, del Colegio de Jueces de Tucumán, a reactivar el trámite y enviar las actuaciones al máximo tribunal.

En su fallo, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti calificaron la demora como “excesiva” y exigieron a los tribunales intervinientes que den “inmediato trámite al expediente” para evitar un mayor perjuicio a la víctima.

Además, la Corte resolvió comunicar la situación a la Corte Suprema de Tucumán para que analice la aplicación de sanciones disciplinarias a los magistrados y funcionarios responsables de la demora.

Con este pronunciamiento —el segundo en una semana sobre casos de inacción judicial en hechos graves—, el máximo tribunal volvió a poner el foco en las falencias del sistema judicial frente a delitos sexuales cometidos contra menores y la falta de respuestas oportunas en causas de alta sensibilidad social.