La denuncia no cuestiona el resultado electoral sino la trazabilidad del dinero que financió la campaña de Villaverde. Se pide investigar contratos de pauta, acuerdos con consultoras, aportes privados y registros bancarios, ante la sospecha de posibles delitos de lavado de activos, asociación ilícita y encubrimiento. En paralelo, Página/12 detalla una controversia interna por una factura de alrededor de 70 millones de pesos que el responsable financiero de La Libertad Avanza en Río Negro se negó a pagar por inconsistencias, lo que derivó en la baja de esa y otras facturas. El caso expone la dimensión económica de la política y la falta de controles robustos sobre los flujos de fondos en campañas provinciales.