La investigación expuso un complejo entramado de gestión irregular de fondos públicos, sostenido por maniobras administrativas poco transparentes, y reveló además la existencia de un sistema paralelo de desvío de recursos que operaba por fuera de los controles formales, permitiendo que el dinero estatal terminara en circuitos ajenos a su destino original.

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) – La causa por supuestos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó al descubierto un entramado complejo de manejo irregular de fondos estatales junto con un circuito paralelo destinado al desvío de dinero. La investigación apunta a que durante la gestión del organismo se habría montado un mecanismo que permitía administrar recursos públicos de manera discrecional y sin controles efectivos.

En este contexto, el fiscal Franco Picardi centró su atención en Sergio Daniel Mastropietro, empresario vinculado al sector aeronáutico y socio de Fred Machado, el financista cercano a José Luis Espert que será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Mastropietro habría cumplido un rol determinante en el movimiento y la eventual legitimación de fondos generados por las operaciones encabezadas por Miguel Ángel Calvete, señalado como articulador de un esquema paralelo con contactos dentro de la ANDIS, incluido su exdirector Diego Spagnuolo.

La evidencia más sólida sobre la posible participación financiera de Mastropietro aparece en su relación con la empresa Baires Fly S.A. La pesquisa determinó que Calvete le envió archivos con transferencias bancarias de montos millonarios hacia cuentas vinculadas a esa firma, provenientes de droguerías favorecidas por licitaciones de alto costo en la ANDIS. Tras recibir esas operaciones, Mastropietro habría enviado facturas de Baires Fly por importes idénticos bajo un concepto que la fiscalía consideró funcional para encubrir el origen del dinero, configurando un patrón compatible con lavado de activos.

La investigación también estableció vínculos entre Mastropietro, Spagnuolo y actores asociados a la política de Río Negro, además de conexiones societarias previas entre el empresario y funcionarias de la ANDIS. Todo esto reforzó la sospecha de un circuito económico destinado a transformar fondos públicos desviados en activos con apariencia legítima. El dinero involucrado provendría de compras de medicamentos y productos de alto costo adjudicados mediante licitaciones direccionadas y con sobreprecios, concentradas en un pequeño grupo de droguerías que llegó a manejar más de $30.000 millones.