El Tribunal Oral Federal 2 (TOF), conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, resolvió avanzar con el decomiso de los bienes pertenecientes a Cristina Kirchner y a los demás condenados en la causa Vialidad. 

El Tribunal Oral Federal 2 pidió avanzar con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria, así como de los restantes condenados en la causa Vialidad. La decisión se tomó luego de que el fallo emitido en diciembre de 2022 quedara firme en junio pasado. La medida alcanza a un total de 122 inmuebles señalados por el Ministerio Público Fiscal como bienes relacionados con la maniobra investigada entre 2003 y 2015, ya sea por haberse utilizado para cometer el delito o por haber sido obtenidos durante ese período.

El monto establecido originalmente para el decomiso era de $84.835 millones, pero fue recalculado por peritos contables y actualizado a $684.990 millones con aval de la Corte Suprema. Ante la falta de pago por parte de los condenados, los jueces ordenaron ejecutar la medida mediante la tasación y posterior venta de los bienes involucrados. Entre ellos figuran propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez y su entramado societario, incluyendo terrenos, hoteles y departamentos distribuidos en Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro del listado también se encuentra un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y diversas propiedades cedidas previamente a sus hijos Máximo y Florencia. Para el tribunal, quedó acreditado que existió un esquema de adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz que generó sobreprecios y beneficios indebidos para Báez, lo que derivó en un aumento patrimonial ilícito compartido con la familia Kirchner. Los jueces desestimaron los planteos de las defensas, al entender que no se requiere una trazabilidad exacta para aplicar el decomiso, sino una vinculación razonable con los fondos obtenidos de manera irregular.

La decisión también se apoyó en tratados internacionales que promueven la recuperación de activos en casos de corrupción. El tribunal dispuso comunicar la tasación a la Corte Suprema para su eventual asignación al servicio de justicia e inscribir los bienes en la Base de Bienes Secuestrados. Además, remarcó la necesidad de destinar los fondos recuperados a reparar el daño causado, especialmente en Santa Cruz, afectada por obras viales inconclusas. Paralelamente, el fiscal Diego Luciani había insistido en avanzar con la ejecución del decomiso, señalando que, al no haberse cumplido el pago solidario de más de 500 millones de dólares, correspondía actuar sobre los bienes de todos los condenados.