Los empresarios argumentaban que los fondos entregados no constituían sobornos ni maniobras ilícitas, sino aportes de campaña que no habían sido formalizados en su momento y que, por esa razón, las investigaciones debían ser analizadas por la Justicia Electoral y no por el fuero penal.

La Corte Suprema rechazó este jueves los recursos presentados por un grupo de empresarios involucrados en la causa “Cuadernos”, quienes buscaban que sus investigaciones fueran trasladadas a la Justicia Electoral. Los planteos sostenían que los pagos efectuados durante los gobiernos kirchneristas correspondían a aportes de campaña no registrados, y por lo tanto no debían analizarse en el fuero penal. Entre los firmantes del fallo estuvieron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que descartaron las solicitudes de Hugo Dragonetti, Jorge Mauricio Balan y Armando Loson, este último imputado colaborador y crítico de las anotaciones atribuidas al chofer Oscar Centeno.

El máximo tribunal fundamentó su decisión en que los recursos no apuntaban contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, una interpretación que ya había sido utilizada en resoluciones recientes vinculadas a este mismo expediente. El Tribunal Oral Federal 7 había rechazado previamente los pedidos al indicar que estas mismas objeciones ya habían sido formuladas y descartadas durante la instrucción. Las defensas argumentaban que los fondos reconocidos por los empresarios correspondían a campañas electorales de 2013 y 2015, sin reportar beneficios individuales ni empresariales, y que existían antecedentes de expedientes similares enviados al fuero electoral.

En junio, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión de algunos de estos planteos, como el del empresario Angelo Calcaterra, quien también afirmó que los pagos exigidos por funcionarios kirchneristas estaban destinados al financiamiento proselitista. Sin embargo, a finales de noviembre, la propia Casación terminó rechazando los recursos y ratificó la continuidad del juicio oral por cohecho. Ese debate oral se inició a comienzos de noviembre ante el Tribunal Oral Federal 7, donde se integraron distintos tramos del caso surgido en agosto de 2018, tras conocerse los cuadernos de Centeno y producirse las primeras detenciones de ex funcionarios y empresarios.

El juicio tiene entre los acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a casi una veintena de ex funcionarios y a decenas de empresarios. La hipótesis de la Fiscalía es que existió un mecanismo sistemático de recaudación ilegal desde el Ministerio de Planificación, mediante el cobro de sobornos a cambio de contratos de obra pública. Durante la quinta audiencia, celebrada este jueves, el Ministerio Público Fiscal volvió a señalar a Cristina Kirchner como la principal receptora de los fondos ilícitos entregados por los empresarios a través de distintos intermediarios.