Según el documento preliminar, la iniciativa apunta a disminuir la cantidad de conflictos judiciales vinculados al trabajo, fomentar la creación de empleo registrado y adaptar las normas laborales a las transformaciones que atraviesan los modelos productivos actuales. 

El Gobierno avanza en una propuesta de Reforma Laboral que busca actualizar de manera amplia la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas vinculadas, con el propósito de disminuir la litigiosidad, fomentar el empleo registrado y adecuar las relaciones laborales a los nuevos esquemas productivos. 

El borrador plantea la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado que permitiría regularizar vínculos laborales informales mediante beneficios como la condonación de deudas previsionales, multas e intereses, además de la baja del REPSAL, siempre y cuando se blanquee a todo el personal alcanzado. Asimismo, propone centralizar la registración en ARCA, eliminar el régimen de multas por trabajo no registrado y mantener que la falta de inscripción continúe funcionando como una presunción favorable al trabajador en caso de litigio.

Entre los puntos centrales se encuentra la revisión del sistema indemnizatorio, que redefine la base de cálculo, fija un tope equivalente a tres veces el salario promedio del convenio y establece un piso del 67% del salario normal. También habilita a los convenios colectivos a implementar fondos de cese laboral sostenidos por los empleadores como alternativa a la indemnización tradicional. El texto incorpora, además, modificaciones al artículo 212 sobre enfermedades y accidentes laborales, estableciendo nuevos criterios para la reincorporación del trabajador e indemnizaciones diferenciadas según el tipo de incapacidad. Otro eje destacado es la incorporación de un régimen específico para repartidores de plataformas digitales, definidos como trabajadores independientes, con obligaciones impositivas y de seguridad social, y derechos como rechazar pedidos sin justificativos o exigir explicaciones ante bloqueos.

El borrador incluye ajustes en los procedimientos de crisis y en las reglas de negociación colectiva, reforzando la exigencia de buena fe, sumando sanciones para quienes obstruyan el proceso y ampliando la información que las empresas deben compartir con los sindicatos. También introduce una fórmula de actualización de créditos laborales basada en el IPC más un 3% anual y establece límites para evitar que causas judiciales en trámite generen indemnizaciones superiores a las del nuevo esquema. A esto se suman incentivos para promover nuevas contrataciones mediante reducciones temporales de contribuciones patronales. Con todos estos elementos, el Ejecutivo continuará trabajando en la versión final del proyecto antes de enviarlo al Congreso.