Se lo denomina “La Camarita” debido a su relación directa con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), organismo que agrupa a compañías del sector. En este tramo de la investigación se analiza la presunta existencia de un entramado de cartelización dentro de la obra pública vial, mediante el cual distintas firmas habrían coordinado licitaciones, precios y adjudicaciones para obtener beneficios indebidos y restringir la competencia real en el mercado.

El Tribunal Oral Federal Nº 7, conformado por los magistrados Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, retomó este martes la lectura del requerimiento de elevación a juicio basado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Durante la octava audiencia del debate, el tribunal avanzó con la exposición de la acusación vinculada al presunto esquema de recaudación ilegal conocido como “La Camarita”, un entramado que, según la investigación, habría permitido obtener más de 30 millones de dólares mediante la cartelización de la obra pública vial.

En esta instancia se leyeron las primeras 110 fojas de la imputación, en las que se atribuyen a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a su ex secretario José López un total de 191 hechos de recepción de sobornos, presuntamente canalizados a través del financista Ernesto Clarens. Este tramo de la causa, denominado “La Camarita” por su vinculación con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), examina cómo, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, distintas firmas habrían acordado la adjudicación de obras, fijación de precios y pagos ilegales para sostener un sistema de retornos.

A lo largo de casi cuatro horas, el tribunal repasó confesiones clave como la del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quien describió el funcionamiento interno de este mecanismo. Según su testimonio, las empresas pactaban un anticipo financiero del 10 % del monto total de cada obra, del cual se devolvía entre un 3 y un 5 % en concepto de sobornos. También detalló que esos porcentajes se informaban a José López, quien luego gestionaba la inclusión de las obras en los certificados mensuales de Vialidad Nacional. La lectura incluyó además la declaración de Ernesto Clarens, quien admitió haber actuado como receptor exclusivo de los pagos semanales, que rondaban los 300.000 dólares, acompañados de listados con detalles de licitaciones, presupuestos, montos adjudicados y sobreprecios, información que derivaba en un “ranking” empresarial utilizado para distribuir las adjudicaciones.

El tribunal también repasó el relato de Wagner sobre reuniones en las que las empresas acordaban de antemano qué firma sería la ganadora de cada licitación, dejando sin efecto la competencia real y garantizando que todas recibieran contratos en turnos rotativos a cambio de cumplir con los pagos exigidos. Según el requerimiento fiscal, la finalidad de este esquema era lograr que funcionarios integrantes de la asociación ilícita actuaran —o dejaran de actuar— en beneficio de las compañías involucradas. El juicio se reanudará el próximo jueves a media mañana con la lectura de la prueba reunida y se prevé que, en las próximas audiencias, se incorporen también los descargos de los imputados.