Según la acusación, entre los años 2003 y 2015 habría funcionado una asociación ilícita en la que habrían participado Cristina Kirchner y ex altos funcionarios del entonces Ministerio de Planificación, en el marco de un esquema que ahora es analizado por el tribunal en esta etapa del juicio.

La resolución de la Corte permitirá que el Tribunal Oral Federal 7, a cargo del juicio por la causa Cuadernos, pueda avanzar con mayor celeridad en el trámite del proceso. Los jueces del tribunal habían advertido sobre limitaciones edilicias que afectaban el desarrollo de las audiencias, por lo que esta definición resulta clave para destrabar demoras y encarar la etapa de valoración de la prueba.

Durante la audiencia realizada el jueves pasado se expuso el funcionamiento del presunto acuerdo entre empresarios y funcionarios para sostener un mecanismo de recaudación ilegal. La acusación plantea que entre 2003 y 2015 existió una asociación ilícita integrada por Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios del Ministerio de Planificación, como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, junto a empresarios del sector de la construcción, entre ellos Carlos Wagner y Ernesto Clarens.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la organización tenía como finalidad obtener beneficios económicos indebidos a través de maniobras vinculadas a la obra pública, la energía y el transporte. El esquema se basaba en el cobro de retornos que representaban un porcentaje del valor de las obras, generalmente de entre el 3% y el 20%, a cambio de adjudicaciones y de la agilización de pagos por parte del Estado.