Los principales lineamientos y ejes centrales del primer Presupuesto elaborado por el Gobierno nacional que se encamina a ser tratado y votado por la Cámara de Diputados, con foco en las prioridades económicas, el esquema de gastos y las proyecciones oficiales para el próximo período.

El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que La Libertad Avanza busca aprobar junto a sus aliados proyecta un crecimiento económico del 5% del PBI, un superávit fiscal del 1,5% y destina cerca del 85% de los recursos a gastos sociales. La iniciativa incluye estimaciones macroeconómicas como una inflación anual del 10,4%, un dólar proyectado en 1.423 pesos hacia fines de 2026 y un total de recursos y gastos que rondan los 148 billones de pesos, con un superávit primario previsto de 2,7 billones.

Entre los puntos más relevantes incorporados a último momento figura la derogación de las leyes de discapacidad y de Universidades Nacionales que habían sido aprobadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo y luego ratificadas por el Parlamento. En materia social, el proyecto asigna 65,7 billones de pesos al pago de jubilaciones y 4,8 billones a las universidades, además de establecer una actualización trimestral de las prestaciones por discapacidad basada en la inflación. En contraste, las asignaciones familiares, por embarazo y la AUH no tendrán ajuste automático, sino que quedarán sujetas a decisiones del Poder Ejecutivo Nacional.

El oficialismo cuenta con los votos necesarios para la sanción, con el respaldo de LLA y bloques aliados como Fuerza del Cambio, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y Elijo Catamarca, mientras que Unión por la Patria y la izquierda anticiparon su rechazo y Provincias Unidas optaría por la abstención. El Presupuesto también prevé una suba del consumo privado del 4,9%, del consumo público del 4,5% y de las inversiones del 9,4%, junto con un incremento de exportaciones e importaciones. Además, mantiene la prohibición de financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central y limita la Ley de Zonas Frías a la Patagonia y áreas específicas de Mendoza, dejando sin efecto su ampliación a otras regiones.