El nuevo organismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y tendrá un rol central en la evaluación ética vinculada al ámbito sanitario en todo el territorio nacional. Desde ese lugar, actuará como instancia rectora para el análisis, la orientación y la formulación de criterios en materia de bioética, con el objetivo de unificar lineamientos y fortalecer la toma de decisiones en salud a nivel federal.

El Gobierno nacional puso en marcha la Comisión Nacional de Bioética, un nuevo organismo que tendrá a su cargo la evaluación de los aspectos éticos asociados al desarrollo de tecnologías aplicadas a la salud. La medida fue establecida mediante el Decreto 893/2025 y apunta a reforzar la capacidad del Estado para dar respuesta a los dilemas éticos, morales y legales que surgen del avance científico y tecnológico.

La iniciativa busca unificar criterios y garantizar la protección de las personas involucradas en investigaciones, así como la integridad científica de los ensayos clínicos. Con esta creación, la Comisión se convierte en el único organismo rector en materia de bioética a nivel nacional, lo que permitirá ordenar un escenario hasta ahora caracterizado por la fragmentación institucional y la superposición de funciones. En ese marco, se dispuso la derogación de la Comisión Nacional de Ética Biomédica, creada en 1998, y la disolución de otros comités que operaban bajo la órbita del Ministerio de Salud.

La nueva Comisión funcionará dentro del Ministerio de Salud de la Nación, será presidida por el titular de la cartera sanitaria y estará integrada por especialistas en ética, profesionales de la salud, representantes de la comunidad y expertos de disciplinas como Derecho, Filosofía, Antropología o Economía. Sus miembros ejercerán sus funciones ad honorem y podrán convocar a instituciones académicas y profesionales para el análisis de temas específicos. Además, la normativa establece la obligación de realizar al menos dos reuniones anuales para abordar cuestiones de interés general o situaciones emergentes.

Entre sus principales funciones se destacan el asesoramiento al Poder Ejecutivo y a otros organismos del Estado, la elaboración de recomendaciones y estándares éticos para la investigación y el uso de nuevas tecnologías, y el fortalecimiento del trabajo federal mediante la articulación con las provincias. En ese sentido, también se creó un Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, integrado por representantes jurisdiccionales, con el objetivo de consensuar criterios y asegurar la aplicación de estándares homogéneos en todo el país, aportando mayor previsibilidad y seguridad jurídica al sistema sanitario y científico.