“Presupuesto tenemos que tener”, enfatizó el ministro del Interior, al remarcar que, pese a las dificultades legislativas y a los ajustes que puedan ser necesarios en otras partidas, el Gobierno considera indispensable contar con una ley de Presupuesto que brinde previsibilidad y orden a la gestión económica.

El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, cuya derogación el Gobierno buscaba incluir en el Presupuesto 2026 y que fueron rechazadas en Diputados, representan un exceso normativo. En ese sentido, advirtió que, si no se logra introducir correcciones en ese punto del proyecto, el Ejecutivo deberá realizar ajustes en otras partidas para sostener el equilibrio fiscal.

El funcionario remarcó la necesidad de contar con un Presupuesto aprobado y sostuvo que el país lo requiere luego de varios años sin una ley de este tipo. Señaló que el proyecto oficial expresa una hoja de ruta y una visión de gestión, y destacó que una porción mayoritaria del gasto está destinada a jubilaciones, políticas sociales, salud, educación y discapacidad, con incrementos que superan la inflación en varios de esos rubros.

En declaraciones radiales, Santilli insistió en que las normas cuestionadas generan distorsiones, especialmente en el sistema de pensiones por discapacidad, donde advirtió que una aplicación extrema del marco regulatorio podría derivar en un número muy elevado de nuevos beneficiarios. Reconoció que dentro del oficialismo el debate oscila entre avanzar en una derogación total o impulsar modificaciones que permitan corregir esos aspectos.

Respecto del trámite legislativo, el ministro explicó que, si no se alcanzan consensos para modificar las leyes observadas, el Gobierno deberá revisar otras áreas del gasto. Además, defendió la decisión de postergar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, al señalar que influyeron cuestiones de calendario vinculadas a las fiestas y la necesidad de atender pedidos de audiencias, y respaldó la estrategia adoptada por la conducción del bloque oficialista en la Cámara alta.