El Gobierno busca evitar cualquier modificación en el proyecto de Presupuesto para impedir que la iniciativa deba regresar a la Cámara de Diputados, una instancia que podría demorar su aprobación definitiva y reabrir negociaciones políticas.

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias para dar cumplimiento a las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, luego del revés sufrido en la Cámara de Diputados y tras el reciente fallo judicial que ordena actualizar el presupuesto destinado a las universidades. En ese marco, en la Casa Rosada también evalúan la firma de un decreto que permita redireccionar fondos hacia esas áreas sensibles.

Fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo confía en reunir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 en la sesión prevista para el próximo viernes en el Senado y busca evitar modificaciones al proyecto para que no deba regresar a Diputados. Además, el oficialismo sumó el acompañamiento de cuatro senadores de Convicción Federal, lo que refuerza las chances de sancionar la ley y contar, por primera vez desde diciembre de 2023, con un presupuesto aprobado bajo la gestión de Javier Milei.

La decisión judicial que aceleró estas definiciones fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, que ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario. El fallo dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles, al considerar que esa medida resultaba arbitraria y contraria a la Constitución. Asimismo, dispuso el cumplimiento inmediato de los artículos que garantizan la actualización de los fondos, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.