Fernando Martínez es investigado por la Justicia por presuntos vínculos irregulares con empresas proveedoras de alimentos que habrían entregado comida en mal estado a personas detenidas en el complejo penitenciario de Ezeiza, en el marco de una causa que indaga posibles maniobras de corrupción y cartelización.

La Justicia federal de Lomas de Zamora realizó en las últimas horas un allanamiento en las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de empresas proveedoras de alimentos para personas detenidas. La medida fue dispuesta por el juez Federico Villena ante sospechas de vínculos indebidos entre el organismo y firmas que habrían suministrado comida en mal estado en el penal de Ezeiza.

De acuerdo con la investigación, se habría montado un esquema de cartelización del servicio de alimentación mediante el uso de empresas que funcionarían como pantallas para eludir sanciones judiciales previas. El operativo estuvo atravesado por momentos de tensión, ya que Martínez habría intentado evitar el secuestro de su teléfono celular, primero entregando un dispositivo antiguo y luego asegurando que el equipo de uso habitual se había extraviado. Un informe técnico posterior indicó que el aparato registró actividad poco antes del procedimiento, lo que reforzó las sospechas de un intento de ocultamiento de pruebas.

La causa se originó a partir de denuncias por alimentos contaminados en la cárcel de Ezeiza, confirmadas por peritajes oficiales que detectaron bacterias peligrosas para el consumo humano. Tras la exclusión de una empresa sancionada, la Justicia advirtió que la nueva prestataria operaba con los mismos recursos y personal, lo que apuntaría a una maniobra fraudulenta. En paralelo, los investigadores analizan vínculos y movimientos del director del SPF, en una pesquisa que busca desarticular estructuras irregulares de larga data dentro del sistema penitenciario.