A través del decreto 941/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo terminó de formalizar los cambios que ya habían sido anticipados en materia de inteligencia. La normativa establece el nuevo marco de funcionamiento del organismo, define competencias y responsabilidades, y fija los lineamientos que regirán la aplicación de la reforma.

El Gobierno nacional oficializó la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado, otorgándole nuevas funciones y un mayor alcance operativo. La reforma, dispuesta mediante el decreto 941/2025 publicado en el Boletín Oficial, redefine el rol del organismo dentro del sistema de inteligencia y habilita, entre otros aspectos, el carácter encubierto de sus tareas y la posibilidad de intervenir ante situaciones de flagrancia. La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y de los ministros del Gabinete.

La medida implica una modificación integral de la Ley de Inteligencia Nacional y apunta a reorganizar y centralizar el esquema vigente. La SIDE fue ratificada como autoridad rectora del sistema y quedó conformada por distintos organismos con autonomía técnica y funcional, aunque bajo conducción política unificada. Entre ellos se encuentran el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General de Inteligencia, además de la redefinición de áreas vinculadas a la inteligencia militar y al ámbito digital.

El decreto también amplía las atribuciones del organismo, que concentrará la coordinación del sistema, la supervisión presupuestaria y el control de los gastos reservados. Asimismo, se establece la facultad de requerir información a dependencias del Estado nacional, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y se crean espacios formales de intercambio de datos entre agencias de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y organismos civiles, con el objetivo de mejorar la articulación y la producción de información estratégica.

Entre los puntos más debatidos de la reforma figura la autorización para que los organismos de inteligencia puedan garantizar su propia seguridad y actuar ante agresiones, incluyendo la aprehensión de personas en casos de flagrancia, con posterior aviso a las fuerzas de seguridad. El Gobierno remarcó que todas las actividades de inteligencia mantienen su carácter encubierto por razones de seguridad nacional y reafirmó la prohibición de realizar espionaje por motivos políticos, ideológicos o religiosos. La norma ya se encuentra vigente y deberá ser analizada por la Comisión Bicameral del Congreso.