La administración de Javier Milei expresó su respaldo institucional al operativo llevado a cabo durante la madrugada por Estados Unidos en Caracas, al considerar que se trata de una acción relevante en el combate contra el narcoterrorismo y las redes criminales que operan en la región. Desde el Gobierno argentino señalaron que la detención del ex mandatario venezolano representa un paso significativo para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la cooperación internacional en materia de seguridad.

El Gobierno argentino expresó, a través de un comunicado de la Cancillería, su respaldo a las acciones recientes llevadas adelante por Estados Unidos en Venezuela, que culminaron con la captura de Nicolás Maduro. En el texto oficial, la administración de Javier Milei valoró la decisión adoptada por Washington y consideró que el operativo representa un paso relevante frente a un régimen al que calificó como autoritario y vinculado al narcotráfico.

La declaración sostuvo que los acontecimientos abren la posibilidad de un avance concreto en la lucha contra el narcoterrorismo que impacta en toda la región y manifestó la expectativa de que se inicie una etapa de recuperación democrática en Venezuela. En ese sentido, el Gobierno argentino señaló la necesidad de restablecer el Estado de derecho, el respeto por los derechos humanos y el pleno ejercicio de las autoridades electas en los comicios de 2024, con respaldo explícito al presidente electo Edmundo González Urrutia y al liderazgo opositor encabezado por María Corina Machado.

En el plano diplomático, la Cancillería reafirmó el compromiso de la Argentina con el retorno de la institucionalidad venezolana y reiteró su disposición a colaborar con ese proceso por vías multilaterales. Además, recordó la responsabilidad internacional del régimen venezolano sobre la integridad física y la seguridad del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera arbitraria, y exigió su liberación inmediata, al considerar que su situación constituye una desaparición forzada en violación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.