El tribunal de la Cámara Federal de San Martín tendrá la tarea de resolver la disputa de competencia que se abrió entre los juzgados de lo Penal Económico y de la jurisdicción de Zárate-Campana, en relación con la investigación que involucra a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta decisión será clave para determinar qué juzgado continuará al frente de la causa y supervisará las medidas y diligencias judiciales correspondientes.

La Cámara Federal de San Martín deberá decidir qué juez continuará a cargo de la causa que investiga la compra de una mansión en Pilar, una flota de vehículos de alta gama y otras propiedades que podrían estar vinculadas a un presunto esquema de lavado de dinero atribuido a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. El expediente también analiza si hubo administración fraudulenta en perjuicio de la AFA y si las operaciones se realizaron a través de testaferros. El tribunal ya recibió el legajo y, mediante sorteo durante la feria judicial de enero, definirá cuál juzgado seguirá adelante, enfrentando al juez Marcelo Aguinsky, actualmente responsable, y a Adrián González Charvay, de Zárate-Campana, que reclama la competencia.

En el centro de la investigación se encuentra la mansión en Villa Rosa, valuada en 17 millones de dólares, junto con vehículos que superan los 3,9 millones de dólares. González Charvay solicitó intervenir tras un planteo de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes son propietarios formales de los bienes a través de la sociedad Real Central SRL. El juez argumentó que, por la “garantía del juez natural” prevista en la Constitución, la investigación debería tramitarse en la jurisdicción donde se ubican las propiedades, insistiendo en que la denuncia iniciada por la Coalición Cívica se abrió en un juzgado distinto al territorio de los bienes.

A pesar de esto, el fiscal Sebastián Bringas consideró que el expediente debía permanecer en la Ciudad de Buenos Aires. Aguinsky rechazó apartarse y sostuvo que el presunto delito principal es la administración fraudulenta contra la AFA, señalando que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la entidad para pagar consumos vinculados a la quinta y a los vehículos. Para el juez porteño, el foco de la investigación está en la AFA y no en Pilar, además de que el expediente se vincula con otra investigación por evasión de aportes e impuestos de 19 millones de pesos que tramita en el mismo fuero.

Hasta que la Cámara defina quién seguirá al frente de la causa, el trámite quedó en pausa, incluyendo la notificación a Pantano y Conte para presentar descargos. En la etapa inicial, el entonces juez Daniel Rafecas había ordenado allanamientos, valuación y preservación de las propiedades. Con la causa ya en el fuero económico, se profundizó el análisis patrimonial y financiero, incluyendo movimientos de la tarjeta atribuida a Pantano, que reflejaban gastos mensuales de alrededor de 50 millones de pesos y el uso del helipuerto