En medio de un entramado que incluye testimonios de “arrepentidos”, audios comprometedores y la utilización de cuevas financieras para operaciones ilegales, las autoridades judiciales y de control intentan esclarecer el alcance y la participación de los funcionarios del Banco Central (BCRA). La investigación apunta a determinar si existieron complicidades internas que facilitaron estas maniobras millonarias, así como a identificar responsabilidades individuales dentro del organismo. 

La justicia federal avanza sobre uno de los casos de corrupción financiera más resonantes de los últimos años: el denominado «rulo» millonario con el dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández. La investigación combina declaraciones de financistas arrepentidos, audios comprometedores y maniobras ilegales a través de cuevas, y tiene como objetivo esclarecer hasta qué punto existieron complicidades dentro del Banco Central (BCRA).

Bajo la supervisión del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, cinco altos funcionarios del BCRA, actualmente en funciones pero bajo investigación interna, fueron imputados tras el secuestro de sus teléfonos y computadoras. Entre ellos se encuentran Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández, según informaron fuentes judiciales. La pesquisa busca establecer responsabilidades dentro del organismo y determinar si hubo un accionar coordinado que favoreció las maniobras millonarias.

El caso tomó notoriedad a partir de la difusión de audios entre los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque, en los que ambos admiten operaciones por cifras millonarias y discuten deudas generadas por maniobras ilegales. En uno de los registros, la inspectora Romina García señaló que, durante la gestión anterior, las irregularidades fueron denunciadas internamente, pero no se tomaron medidas debido a que “había gente de arriba entongada”. Paralelamente, la Justicia investiga cómo parte del dinero obtenido de estas operaciones fue destinado a lujos como autos, relojes y propiedades, incluyendo un inmueble que Piccirillo habría regalado a Jésica Cirio antes de su matrimonio.

El caso se cruza con otras investigaciones judiciales, ya que la jueza María Servini tramita desde 2023 una causa paralela por maniobras similares, mientras que el BCRA abrió un sumario administrativo para determinar posibles violaciones al Código de Ética. La apertura de los teléfonos secuestrados será clave para identificar si existieron autoridades políticas que avalaron las operaciones con el dólar blue, revelando así el alcance de la red de complicidades detrás del esquema.