La medida, impulsada por el Gobierno Nacional, provocó una intensa reacción en distintos sectores políticos e institucionales, generando cuestionamientos, críticas públicas y un amplio debate sobre su alcance y sus implicancias.

La Justicia federal rechazó la medida cautelar presentada por los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero, quienes buscaban impedir el traslado del sable corvo del general San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo. La jueza Macarena Marra Giménez ratificó su decisión, lo que habilita el envío de la pieza histórica al cuartel ubicado en el barrio porteño de Palermo.

En su resolución, la magistrada consideró que no se probó que la donación del sable haya sido realizada con una obligación específica sobre su lugar de guarda. También recordó que el objeto histórico permaneció durante décadas en el Regimiento de Granaderos tras los robos sufridos en la década de 1960, hasta que en 2015 fue restituido al museo por decisión del gobierno nacional de entonces.

El fallo permite avanzar con el acto de traspaso previsto en San Lorenzo, Santa Fe, encabezado por el presidente Javier Milei. El traslado, dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 81/2026, generó controversias políticas e institucionales. El sable corvo, considerado un símbolo central de la independencia y parte del patrimonio histórico nacional, quedará bajo custodia del Regimiento de Granaderos, mientras que la directora del Museo Histórico Nacional presentó su renuncia tras la decisión oficial.