La medida fue formalizada mediante la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras un pedido de la Inspección General de Justicia, que impulsó la iniciativa en el marco de sus funciones de control y supervisión.

El Gobierno nacional resolvió este lunes avanzar con una intervención en carácter de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días, con el fin de analizar documentación clave, balances, contratos y movimientos financieros de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. La medida apunta a relevar en detalle la situación administrativa y contable de la institución.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Justicia a partir de un requerimiento previo de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía solicitando información sin obtener respuesta completa. En este marco, fueron designados como veedores el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a registros contables, documentación administrativa y acuerdos comerciales, y deberán elaborar un informe final, además de reportes parciales en caso de detectar irregularidades.

Entre los aspectos a examinar se encuentran los estados financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, así como la documentación vinculada a la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA). También se analizarán vínculos comerciales con distintas empresas y personas que se encuentran bajo observación, en el marco de objeciones previas planteadas por la IGJ respecto a la falta de información y a cuestionamientos sobre el domicilio legal de la entidad.

El conflicto entre el Gobierno y la conducción de la AFA se intensificó en las últimas semanas, con el rechazo público de la institución a la medida, a la que calificó como ilegítima, además de negar irregularidades y anticipar acciones judiciales. Si bien la veeduría no implica una intervención directa en el funcionamiento cotidiano, sí abre una etapa de auditoría formal que podría derivar en nuevas exigencias, sanciones administrativas o una mayor escalada del conflicto en el ámbito judicial.