Juan Marino lanzó duras críticas al afirmar que la situación equivale a una “eutanasia social” impulsada por lo que calificó como un desgobierno encabezado por Javier Milei. En ese marco, el dirigente organizó una reunión abierta en la que participaron distintos referentes, entre ellos Ian Moche, para visibilizar el reclamo y debatir el impacto de las medidas.

El vicepresidente primero de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Juan Marino, organizó una reunión abierta con alrededor de 150 participantes vinculados a la temática, en la que se reiteró el reclamo de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, a raíz de los recortes en el área. La convocatoria se realizó en respuesta a la decisión del oficialismo de mantener inactiva la comisión y ante el pedido de diversas organizaciones que buscan ser escuchadas.

Durante el encuentro se expusieron múltiples críticas a la situación actual del sector, con denuncias sobre el cierre de centros de día, la interrupción de tratamientos y la falta de acceso a medicamentos y pensiones. Marino advirtió que el escenario es cada vez más crítico y responsabilizó al Gobierno nacional por el deterioro del sistema, señalando que la emergencia en discapacidad se agrava de forma sostenida.

También participaron Ian Moche y su madre, quien denunció haber sufrido amenazas y agresiones tras una exposición pública en redes sociales. En la reunión, distintas voces —entre ellas la actriz Lola Berthet— se sumaron al pedido de juicio político, mientras que otros oradores propusieron la creación de un Observatorio Nacional de la Discapacidad para visibilizar la problemática y articular acciones entre organizaciones, legisladores y universidades.

La mayoría de los asistentes expresó su rechazo a la iniciativa oficial que busca reformar el régimen de pensiones por invalidez, al considerar que endurece los requisitos y podría reducir la cantidad de beneficiarios. El proyecto contempla un reempadronamiento obligatorio, la posible suspensión de pagos ante incumplimientos y la incompatibilidad con el empleo formal. Además, plantea cambios en el sistema de prestaciones que, según los críticos, podrían afectar la cobertura y el acceso a servicios esenciales para las personas con discapacidad.