La intención original del Gobierno era obtener el dictamen este miércoles y avanzar con el tratamiento del proyecto en la sesión programada para el 24 de junio. Sin embargo, la Casa Rosada respaldó la decisión de postergar ese cronograma, lo que enfrió las expectativas sobre una aprobación rápida y abrió la puerta a una discusión más prolongada en el Congreso.

El debate sobre el proyecto de ley de lobby impulsado por el Gobierno volvió a ocupar la agenda de la Cámara de Diputados, aunque su avance enfrenta crecientes dificultades. La iniciativa, que propone crear un régimen de transparencia para la gestión de intereses ante funcionarios y legisladores, continúa acumulando cuestionamientos de distintos sectores, lo que llevó al oficialismo a desacelerar su tratamiento. Aunque la intención inicial era obtener dictamen y llevar el texto al recinto el 24 de junio, la propia Casa Rosada avaló postergar esos plazos.

La propuesta busca adecuar la legislación argentina a los estándares promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en materia de integridad pública y prevención de la corrupción. Sin embargo, representantes de organizaciones civiles, cámaras empresariales, entidades rurales y especialistas en transparencia coincidieron en señalar que la redacción actual presenta definiciones demasiado amplias. Según sus observaciones, el proyecto no diferencia con claridad entre el lobby corporativo y las actividades habituales de participación ciudadana, como solicitudes de información, reuniones institucionales o presentaciones técnicas ante organismos públicos.

Entre las principales críticas también aparecen las exigencias administrativas que impondría la norma, incluyendo registros obligatorios, reportes periódicos y un régimen de sanciones considerado excesivo por varios expositores. Los cuestionamientos apuntan a que estas obligaciones podrían generar una burocracia difícil de sostener para organizaciones sociales, cámaras empresariales y ONG, además de desalentar el diálogo entre distintos sectores y el Estado. Mientras tanto, el Gobierno mantiene el objetivo de avanzar con una regulación de la actividad, aunque todo indica que el proyecto deberá atravesar modificaciones importantes para lograr consensos suficientes en el Congreso.