A través de un representante, el Gobierno de Javier Milei solicitó incorporar consultores técnicos para revisar el proceso de selección de un concurso destinado a cubrir cargos en un tribunal penal del país. La medida busca analizar nuevamente los criterios aplicados durante la elección y evaluar el desarrollo del procedimiento para la conformación del órgano judicial.

El Gobierno de Javier Milei solicitó incorporar consultores técnicos para revisar el concurso judicial destinado a cubrir tres vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal, considerado uno de los procesos más relevantes del Consejo de la Magistratura. La presentación fue realizada por el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Santiago Viola, junto con la consejera jueza Alejandra Provítola, quienes pidieron analizar nuevamente las correcciones de los exámenes de los postulantes.

La Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal penal del país después de la Corte Suprema de Justicia y sus integrantes tienen intervención en causas de gran relevancia, entre ellas investigaciones por corrupción que involucran a funcionarios actuales y anteriores gobiernos. El pedido de revisión surgió luego de que tres concursantes impugnaran sus evaluaciones, lo que habilitó la posibilidad de convocar especialistas externos para determinar si las calificaciones fueron aplicadas correctamente.

Entre los candidatos mejor posicionados en el orden de mérito provisorio aparecen María Gabriela López Iñiguez, José Antonio Michilini y Leonel Guillermo Gómez Barbella. En tanto, quienes solicitaron la revisión de sus exámenes fueron la camarista federal de Salta Mariana Inés Catalano, el juez federal de Santa Fe Luciano Homero Lauría y Mariano Jorge Cartolano, funcionario de la Oficina Anticorrupción. Una eventual recalificación podría modificar las posiciones dentro del concurso y afectar la conformación de las ternas finales.

La solicitud se ampara en el artículo 39 del Reglamento de Concursos, que permite designar consultores técnicos cuando existen cuestionamientos sobre las pruebas de oposición. Sin embargo, la opinión de estos especialistas no será vinculante y la decisión definitiva quedará en manos de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. El concurso número 475 busca cubrir las vocalías 8, 9 y 10 de la Cámara Federal de Casación Penal, en un contexto donde también surgieron propuestas para reducir la cantidad de integrantes del tribunal y dejar algunas vacantes sin cubrir.