La propuesta en discusión contempla que los funcionarios públicos puedan adherir al esquema simplificado previsto para cumplir con sus obligaciones tributarias y acceder a un mecanismo más sencillo para realizar sus declaraciones. Sin embargo, se analiza establecer una excepción para este sector en relación con algunos de los beneficios centrales incluidos en el proyecto.

El Gobierno nacional analiza introducir modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal II para impedir que los funcionarios públicos accedan a algunos de los principales beneficios previstos en el régimen. La propuesta surgió durante las negociaciones con diputados de bloques aliados y contempla que quienes ejerzan determinadas funciones públicas puedan utilizar el esquema simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero queden excluidos de las presunciones y efectos liberatorios establecidos por la iniciativa.

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El proyecto original no establecía una restricción específica para los funcionarios. El tema cobró mayor relevancia luego del caso que involucró al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, quienes en junio de 2026 se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias antes de presentar su declaración jurada. En este contexto, el oficialismo busca diferenciar el tratamiento de los contribuyentes en general del correspondiente a quienes ocupan o hayan ocupado cargos públicos durante los últimos años, especialmente en relación con la posibilidad de justificar o exteriorizar fondos no declarados.

Los cambios forman parte de las conversaciones que el Gobierno mantiene con sectores aliados en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen en Diputados. Además de la exclusión de funcionarios de los beneficios más sensibles, se evalúan modificaciones en las condiciones de acceso al régimen y en los mecanismos para regularizar diferencias detectadas por ARCA. La iniciativa busca modificar el esquema de fiscalización de Ganancias y facilitar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema, aunque su tratamiento legislativo dependerá del acuerdo alcanzado con los bloques dialoguistas.