El Gobierno de Tucumán presentó un recurso para intentar revocar la decisión judicial que ordenó terminar en 60 días con la intervención del organismo, vigente desde hace 26 años. La medida contradice la promesa pública del gobernador de respetar la sentencia, aunque el fallo todavía no quedó firme.

El Gobierno de Osvaldo Jaldo presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán contra el fallo que ordenó finalizar en un plazo de 60 días la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). La intervención se mantiene desde julio de 2000, pese a que la legislación provincial establece que se trata de una medida excepcional y transitoria.

La Fiscalía de Estado solicitó que se revoquen los puntos de la sentencia que ordenan poner fin a la intervención y conformar el Directorio previsto por la normativa. El planteo sostiene que los empresarios que promovieron el amparo no acreditaron un perjuicio personal derivado de la forma en que funciona el organismo y cuestiona que la Cámara haya impuesto al Poder Ejecutivo un mecanismo y un plazo específico para normalizarlo.

El recurso fue presentado después de que Jaldo asegurara públicamente que respetaría la decisión judicial y que cumpliría con el fallo. Desde el Gobierno remarcaron que la apelación es una herramienta prevista por la legislación y que no implica por sí misma un incumplimiento, ya que la sentencia todavía no está firme. Mientras tanto, continúa vigente la prórroga por otros 60 días de la intervención de Dante Loza, dispuesta por el Ejecutivo antes de conocerse la resolución judicial.