La magistrada Marta Elba Pascual defendió la resolución que frenó por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y aclaró que su decisión no cuestiona la reducción de la edad de imputabilidad, sino las condiciones necesarias para poner en marcha el sistema. Según advirtió, actualmente no existen suficientes establecimientos, personal especializado ni recursos para afrontar un eventual aumento de adolescentes privados de su libertad.

Pascual explicó que su preocupación está centrada en la capacidad de la Provincia para implementar el nuevo régimen de manera adecuada y evitar que los adolescentes sean alojados en condiciones que no favorezcan su reinserción. “Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo la jueza, quien remarcó que conoce la problemática vinculada con los delitos cometidos por menores y que también busca respuestas frente a esa situación.

En ese sentido, la magistrada cuestionó que un adolescente pueda permanecer privado de su libertad sin acceso a educación, capacitación laboral o tratamiento psicológico. Según planteó, un joven que atraviesa esas condiciones podría llegar a la mayoría de edad sin herramientas para reinsertarse y terminar incorporándose a un sistema penitenciario que, en lugar de favorecer su recuperación, puede profundizar su vínculo con el delito.

La jueza también respondió a quienes cuestionaron su resolución y negó que su postura implique rechazar la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años. “Garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad”, afirmó, al remarcar que pretende que las nuevas disposiciones puedan aplicarse con los recursos necesarios. La suspensión surgió a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y tendrá una duración de 60 días, período en el que se espera que las autoridades bonaerenses detallen cómo implementarán el régimen y con qué infraestructura y personal contarán.