En esta etapa de la megacausa, el foco estuvo puesto en las presuntas maniobras de cartelización en la obra pública. A lo largo de la audiencia, se repasaron y leyeron las declaraciones de empresarios que aportaron detalles sobre el funcionamiento de esos acuerdos, los mecanismos utilizados y los roles que habrían cumplido las distintas compañías involucradas.

En este esquema, el papel de Ernesto Clarens resultaba central: recibía los fondos, los transformaba en dólares pese a las restricciones cambiarias vigentes y luego los hacía llegar a José López. En su condición de imputado colaborador, explicó que las empresas optaban por abonar un 3% a ese circuito antes que descontar certificados de obra en entidades bancarias, donde enfrentaban tasas más elevadas y plazos de cobro inciertos.

El exfinancista detalló además la dinámica interna de la Dirección Nacional de Vialidad. Según su relato, López confeccionaba mensualmente los listados de pagos y los derivaba a colaboradores como Fredes y Passacantando, aunque este último no tenía poder de decisión sobre los desembolsos. Los empresarios, asfixiados por deudas acumuladas, negociaban directamente con el exsecretario de Obras Públicas y luego acudían a Clarens para entregar el porcentaje pactado.

De acuerdo con Clarens, el endeudamiento crónico de Vialidad con las compañías llevó a la implementación de un mecanismo destinado a frenar la acumulación de certificados impagos, solicitando a las empresas que redujeran el ritmo de las obras, aun cuando ello las perjudicaba. Muchas firmas se encontraban al límite de la convocatoria de acreedores y dependían de los pagos estatales para sostener su actividad. Asimismo, señaló que el sistema atravesó dos etapas: entre 2004 y 2010 se exigía un retorno del 10% del contrato en cuotas mensuales, mientras que tras la muerte de Néstor Kirchner López concentró el control y fijó el cobro del 3% de lo efectivamente percibido.

El Ministerio Público sostuvo que, pese a los conflictos internos, el esquema se mantenía porque beneficiaba tanto a funcionarios como a empresarios. A través de la denominada Camarita se elaboraban listados mensuales con obras, montos, sobreprecios y un ranking de empresas cartelizadas. Clarens afirmó que no participaba en la selección de adjudicatarios, aunque sí trasladaba reclamos y exigía el pago del porcentaje acordado para evitar que las firmas quedaran excluidas del circuito. En este contexto, la acusación fiscal consideró que se trató de pactos corruptos vinculados a decisiones oficiales, mientras que el juicio continuará con la lectura de los descargos de varios empresarios antes de avanzar hacia la etapa de valoración de la prueba.