La medida establece una vigencia de dos años con posibilidad de prórroga, logró reunir 16 firmas en el despacho y no contó con el acompañamiento del bloque de La Libertad Avanza, que decidió no apoyar la iniciativa en esta instancia legislativa.

Durante el debate, la diputada correntina Nancy Sand (UxP) expresó su preocupación por la persistencia de la violencia de género y sostuvo que se trata de una emergencia real que exige respuestas urgentes del Estado. En ese sentido, planteó que no es posible resignarse ante la pérdida constante de vidas de mujeres y diversidades, y remarcó la necesidad de voluntad política, sensibilidad social y recursos para enfrentar la problemática.

Sand respaldó su postura con datos estadísticos que, según indicó, evidencian la gravedad del fenómeno en los últimos años, con cientos de femicidios registrados y una alta proporción de hechos ocurridos en ámbitos domésticos o por parte de personas del entorno íntimo. También advirtió sobre la continuidad de estos casos en 2026 y la concentración de situaciones en distintas provincias del país.

Por su parte, otros legisladores también expusieron sus posiciones: Esteban Paulón criticó el desmantelamiento de políticas de género y reclamó mayor compromiso estatal, mientras que Myriam Bregman apoyó el dictamen aunque con observaciones sobre el financiamiento. Desde La Libertad Avanza, en tanto, se cuestionó el texto por su redacción y se negó la efectividad de las políticas aplicadas hasta 2023, aunque sin negar la existencia de la violencia contra las mujeres.